Date of publication: March 24, 2007
Source: Semana (Colombia)
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Después de Chiquita, la empresa de carbón Drummond enfrenta en Estados Unidos cargos por nexos con el paramilitarismo. ¿Cuál es la verdad?
"La gente empezó a decirnos que había carros de la Drummond andando con gente armada. Un día les dije a los soldados: 'vamos a hacerle una emboscada a esta gente', y nos paramos a lado y lado del camino. Venía un carro y le salimos. Se bajó un señor y me dijo: 'yo soy el coronel Rodríguez, de seguridad de la empresa'. Entonces le dije: 'mi coronel, ¿cómo está?
'. Me dijo: '¿Y ustedes qué hacen aquí?
'. Y le respondí que había información de que estaban pasando unas camionetas con gente armada.
"Él me respondió: 'no, hombre, no la vayan a embarrar. Devuélvanse para donde estaban'. Llamó y a los 30 minutos me llamó mi coronel Sanmiguel al radio y me preguntó: 'Oiga, sargento, ¿ustedes están haciendo una empanada? (a lo que nosotros llamamos emboscada) y le dije que sí. Me respondió que me fuera, que al otro día me decía yo qué debía hacer.
"Al día siguiente, llegó un teniente y me relevó. Me dijo que yo iba a seguir con él, pero que él sería el comandante de la contraguerrilla. Yo le pregunté que por qué y él me respondió: 'No, hermano, es que usted la cagó, ¿cómo se puso a montarle emboscada a esa gente?
' Yo le pregunté: '¿Y es que no se pueden tocar? y él me dijo que no".
Esta declaración es de un suboficial que comandaba dos contingentes contraguerrillas del Ejército encargadas de proteger las instalaciones de Drummond, la multinacional carbonífera que opera en Cesar. Drummond ha sido demandada por perjuicios civiles en una corte en Estados Unidos por los presuntos vínculos de sus empleados con acciones criminales de paramilitares y en particular por el asesinato de tres dirigentes sindicales. La empresa ha negado enfáticamente cualquier relación con grupos armados ilegales y con esos crímenes, como lo reiteró el pasado jueves en un comunicado a la opinión pública.
SEMANA indagó sobre la situación de seguridad en la región durante los años en los cuales ocurrieron los hechos que se imputan a la empresa. Un participante clave fue este suboficial que le contó a la revista su experiencia en la zona. Varios militares ratificaron su relato. "El coronel retirado Rodríguez se mantenía por todas las fincas dando vueltas. Él había montado una empresa de seguridad con otros oficiales retirados y era el que coordinaba las operaciones en la zona. Les decía a los comandantes de tropa: 'vea, páseme de esta finca a esta.', para evitar que hubiera encontrones entre los paracos y las tropas", dijo un soldado de contraguerrilla a la revista en Bogotá.
Curiosamente, a unos 4.000 kilómetros al norte en el juzgado de distrito de Alabama, Estados Unidos, donde se adelanta la demanda civil contra Drummond, en una declaración juramentada un ex empleado dijo algo similar. "Luis Carlos Rodríguez me dijo que él tenía una relación cercana con los grupos paramilitares en la región y que se mantenía en contacto frecuente con ellos. Luego me dijo que, por eso, podría resolver cualquier problema que Drummond tenía con el chasquido de sus dedos. Para mí eso significaba que podría hacer matar a alguien por los paramilitares al sólo pedirles". Por razones de seguridad, la juez decidió mantener en reserva su nombre. Rodríguez, quien era el jefe de seguridad de la Drummond en la mina la Loma, salió de la empresa hace unos años. SEMANA no pudo comunicarse con él.
El mismo testigo, quien era un supervisor de la empresa, dijo haber visto a jefes paramilitares reunirse con oficiales del batallón La Popa, encargado de la protección de las minas de carbón. Su declaración, que se encuentra en el expediente contra Drummond en Estados Unidos, coincide con la reciente decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria a un ex comandante de ese batallón, el coronel Hernán Mejía, por vínculos estrechos con las autodefensas al mando de 'Jorge 40' en Cesar.
Algunos de los militares consultados por la revista reconocieron que luego de prestar servicio legal pasaron al "lado oscuro", como diría Darth Vader, el villano de las películas de la Guerra de las Galaxias. En su actividad criminal conocieron detalles de cómo los paramilitares asesinaron al presidente y al vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintraminenergética) el 12 de marzo de 2001. Valmoré Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya viajaban en el bus que lleva a los trabajadores de la mina a sus casas en Valledupar. El vehículo fue interceptado por paramilitares que procedieron a asesinar en el lugar a Orcasita y llevarse secuestrado a Locarno, quien aparecería muerto horas después. El sucesor de Locarno en la presidencia del sindicato, Gustavo Soler, fue también asesinado en septiembre de 2001.
Aunque la investigación de la Fiscalía aún no ha determinado los responsables de los hechos, tanto las versiones de los militares como varias declaraciones juramentadas en Estados Unidos le atribuyen los crímenes a los paramilitares comandados por alias 'Tolemaida', el lugarteniente de 'Jorge 40' en la región. Es de especial relevancia un testimonio de un ex empleado de Drummond llamado Jimmy Rubio, fechado en mayo de 2004.
Rubio, quien se encuentra exiliado, cuenta cómo en una reunión algunos paramilitares le explicaron en detalle cómo se llevaron a cabo los asesinatos y que el autor material fue uno al que le decían 'Cebolla'. Uno de los militares convertidos en para narró la misma historia a la revista la semana pasada.
En los múltiples testimonios recogidos por la Fiscalía se habla de una presencia de paramilitares en las instalaciones de la empresa durante esa época y de retenes ilegales de hombres armados. Según los militares de la contraguerrilla entrevistados por SEMANA, era vox populi en la zona que paramilitares andaban en camionetas contratadas por la compañía y que andaban armados de civil. Esta versión está también consignada en una declaración juramentada de otro ex empleado y ex miembro del sindicato. Él dice que "mientras trabajaba en Drummond, llené de combustible en varias ocasiones diferentes vehículos de paramilitares. Hacían patrullajes en La Loma (la comunidad más próxima a la mina), donde los observé, en ocasiones con las armas a la vista".
Para Drummond, declaraciones como éstas en su contra en la Corte no tienen credibilidad . Citan las palabras de la juez, quien calificó las pruebas como "débiles". Dicen que forman parte de una "campaña de difamación que los demandantes adelantan contra la compañía y sus directivos en Colombia, así como en los países en los que se vende el carbón colombiano". La empresa insiste en que no cederá a estas presiones ni aceptará bajo ninguna condición transar con los demandantes: el sindicato Sintraminenergética y los familiares de las tres víctimas.
El juicio contra la Drummond en Alabama está programado para el 14 de mayo. Será la primera vez que un jurado norteamericano de 12 miembros decida sobre la responsabilidad civil de una multinacional en unos hechos acaecidos en otro país. Si llegara a perder el caso, la empresa se vería obligada a pagar millones de dólares a los sindicalistas y el impacto sobre su imagen sería devastador, especialmente después de la confesión de Chiquita Brands que había financiado durante siete años a las AUC. Eso también explica por qué hizo pública la semana pasada su demanda por injuria y calumnia contra Rafael García, el ex funcionario del DAS y testigo estrella de la para-política.
García dijo en mayo del año pasado que fue testigo de una reunión entre el presidente de la Drummond y representantes de 'Jorge 40' donde se hubiera entregado dinero para cometer los crímenes. Aunque el testimonio es inverosímil -nadie se imagina a un alto ejecutivo de una multinacional tan importante en esas andanzas-, la juez Karen Bowdre aceptó que se tomara una declaración formal de García y que se hicieran públicas sus afirmaciones anteriores. La misma Fiscalía adelanta los trámites diplomáticos para incluir lo dicho por García como prueba en la investigación.
Drummond no es la única empresa multinacional en la mira de las cortes norteamericanas. Coca Cola y Occidental también han tenido que enfilar sus baterías legales para evitar un escenario como el que enfrenta la empresa carbonífera, una de las principales generadoras de divisas en Colombia. Ni tampoco es la primera en ser acusada de tener relaciones non sanctas con grupos ilegales.
Los temas, en el fondo, son siempre los mismos: cómo operan esas compañías en zonas de conflicto y cómo es su relación con la Fuerza Pública. ¿Son cómplices de la violencia o simplemente están recurriendo al derecho de la legítima defensa? En el mundo globalizado de 2007, estas son las preguntas que las multinacionales se ven obligadas a contestar todos los días. Y en la ola antiparamilitar de la Colombia de hoy, la pregunta adquiere aún más relevancia.
Drummond, como muchos de sus pares en Colombia, tiene acuerdos de colaboración con la Fuerza Pública para su seguridad. Esto incluye, según le dijo el vocero de la empresa a SEMANA, asistencia logística como alimentación, combustible y vehículos. También financió la construcción de bases militares que se encuentran cerca de sus instalaciones. Este hecho, que sería extraordinario en cualquier otro país, es habitual en Colombia donde durante años la Fuerza Pública -en particular el Ejército y la Policía- se acostumbraron a disfrutar de estos 'extras'.
De 2000 a 2002, Drummond fue blanco de decenas de ataques de la guerrilla. Había frecuentes atentados al tren que transporta el carbón a la Costa Atlántica para su exportación e incluso la empresa alcanzó a amenazar con irse del país. El gobierno reaccionó y creó grupos militares especiales para proteger la vía férrea. Con la llegada del presidente Álvaro Uribe, dice la empresa, hubo un cambio de actitud del Ejército que empezó a patrullar. Para Drummond, este compromiso de la Fuerza Pública explica la gran mejoría en seguridad, lo que ha permitido invertir más de "mil millones de dólares en los últimos años".
El gran interrogante es si la colaboración de la Drummond con el Ejército pudo en años anteriores haberse extendido a los paramilitares. Esto pudo haber sucedido sin conocimiento explícito de los altos directivos de la multinacional. Pues en Cesar y en otras regiones del país, la Fuerza Pública tuvo nexos con las autodefensas por iniciativa propia. Como lo dijo un ex militar a SEMANA: "Doscientos soldados no controlan una zona como la controlan dos paracos".
La verdad es que en Colombia todo el mundo es consciente de que las multinacionales en zonas de conflicto han tenido que recurrir a fórmulas ortodoxas -y a veces no ortodoxas- para su seguridad. Lo que no es seguro es hasta qué punto esta complejidad colombiana sea entendida en su contexto real por las 12 personas que integrarán el jurado en Alabama.
Darkness in the Mine
After Chiquita, the Drummond Coal Company faces charges in the United States for ties with paramilitaries. Wherein lies the truth?
“People began telling us that there were Drummond vehicles going around with armed personnel. One day I told the soldiers: ‘let’s ambush these guys’ and we stood on both sides of the road. There was a car coming down and we stepped out. A gentleman stepped out of the car and told me: ‘I’m Colonel Rodríguez, from the company’s security.’ Then I said: ‘My colonel, how are you?’
“He replied: ‘And what are you doing here?’
“And I replied that there was information that pickup trucks were driving past with armed personnel.”
This is the account given by Rafael García to the trade union attorneys, and which was made public last week in Alabama.
“He then answered: ‘No, man, don’t mess it up for me. Return to where you were.’ He made a call and within 30 minutes my Colonel Sanmiguel called me over the radio, asking me: ‘Listen, sergeant, were you on a stake-out?’ (what we called an ambush) and I said yes. He replied that I should go, and that he would tell me what to do the next day.
“The following day, a lieutenant arrived and relieved me. He told me that I would continue with him, but that he would be in charge of the counterguerrilla operations. I asked him why, and he answered: ‘No, brother. You messed it up. How could you even think about ambushing those people?’
“I asked them: ‘Is it because they can’t be touched?’ And he said no.”
This is the statement made by a subofficer who was in charge of two contingents of Army counterguerrilla fighters in charge of protecting the facilities of Drummond, the multinational coal company that operates in Cesar. Drummond has been sued for civil damages in a United States court for the alleged ties between its employees and criminal actions by paramilitaries, and in particular, the assassination of three trade union leaders. The company has emphatically denied any relationship to armed outlaw groups and with those crimes, as it reiterated last Thursday in a press release.
SEMANA looked into the security situation in the region during the years in which the events attributed to the company took place. One key participant was the subofficer who informed the magazine about his experiences in the area. Several military men ratified his story. “Retired colonel Ramírez made the rounds of all the estates. He had set up a security company with other retired officers and it was he who coordinated operations in the area. He would tell troop commanders: “see here, transfer me from this estate to that one” in order to avoid confrontations between the “paracos” and the troops,” a counterguerilla soldier told the magazine in Bogotá.
Curiously, some 4,000 kilometers to the north in a district court in Alabama, United States, where the civil suit is being brought against Drummond, a former employee said something in a sworn statement. “Luis Carlos Rodríguez told me that he had a close relationship with the paramilitary groups in the region and that he was frequently in contact with them. He later told met that for this reason, he could solve any problem that Drummond might have with a snap of his fingers. To me, this meant that the could have someone killed by the paramilitaries by merely asking them.” For safety reasons, the judge decided to keep his name confidential. Rodríguez, who was the chief of security at Drummond’s La Loma mine, left the company a few years ago. SEMANA was unable to get in touch with him.
This same witness, who was a supervisor with the company, claimed having seen paramilitary leaders meeting with officers from the La Popa battalion, which was in charge of protecting the coalmines. His statement, which forms part of the docket against Drummond in the United States, coincides with the recent decision by the Office of the Prosecutor to summon Colonel Hernán Mejía, a former commander of that battalion, for questioning due to his close ties with the self-defense of the “Jorge 40” command in Cesar.
Some of the military men consulted by the magazine acknowledged that after providing legitimate services, they went to the “dark side”, as Darth Vader, the villain of the Star Wars movies, would say. In their criminal activities they learned details of how the paramilitaries assassinated the president and vice-president of the Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintraminergética) on March 12, 2001. Valmoré Locarno Rodríguez and Víctor Orcasita Amaya were traveling on the bus that conveys workers from the mine to their homes in Valledupar. The vehicle was intercepted by paramilitaries who proceeded to murder Orcasita on the spot and who abducted Locarno, who would turn up dead hours later. Gustavo Soler, Locarno’s successor to the union’s presidency, was also assassinated in September 2001.
While the Office of the Prosecutor’s investigation has not yet determined the parties responsible for these actions, both the stories of the military men and several sworn statements in the United States have ascribed the crimes to paramilitaries under the command of alias “Tolemaida”, the lieutenant of “Jorge 40” in the region. The testimony of Jimmy Rubio, a former Drummond Employee, dated May 2004, is especially relevant.
Rubio, who is in exile, says that during a meeting, some paramilitaries explained to him in detail how the assassinations were carried out and that the material author was one they called “Cebolla”. One of the military men turned paramilitary told the same story to the magazine last week.
Among the multiple accounts collected by the Office of the Prosecutor there is talk of the presence of paramilitaries on the company’s facilities during that time, and illegal parties of armed men. According to counterguerrila military men interviewed by SEMANA, the vox populi in the area had it that paramilitaries paraded around in pickups hired by the company, and went around liked armed civilians. This story also appears in a sworn testimony from another former employee and former member of the union. He says: “When I worked for Drummond, I fueled up vehicles belonging to paramilitaries on several occasions. They were conducting patrols around La Loma (the community nearest the mine) where I saw them, sometimes with weapons in plain sight.”
To Drummond, statements against it in Court, like this one, lack credibility. They cite the words of the judge, who qualified the evidence as “weak”. They say that it forms part of a “defamation campaign by the plaintiffs against the company and its management in Colombia, as well as in countries in which Colombian coal is sold.” The company insists that it will not yield to this pressure nor will it accept reaching an understanding in any way with the plaintiffs: the Sintraminergética union and the families of the three victims.
The case against Drummond in Alabama is slated for May 14. It will be the first time that an American jury of 12 members decides the civil liability of a multinational company involving events occurring in another country. If they should lose the case, the company would be obligated to pay millions of Dollars to the union workers and the impact to its image would be devastating, particularly after Chiquita Brands’ confession of having financed the AUC for seven years. This also explains why it went public last week with its lawsuit for damages and libel against Rafael Garcia, former official with DAS and star witness of the para-politics.
In May of last year, Garcia said that he witnessed a meeting between Drummond’s president and representatives of “Jorge 40” in which money was turned over to commit the crimes. Although the eyewitness account is unlikely – no one can picture a senior executive from a major multinational involved in such escapades – Judge Karen Bowdre allowed a formal statement to be taken from García and to have his statements made public. The Office of the Prosecutor itself is in the middle of diplomatic transactions to include García’s statements as evidence in the investigation.
Drummond is not the only multinational company in the sights of the U.S. courts. Coca-Cola and Occidental have also had to line up their legal artillery in order to avoid a scenario similar to the one involving the coal company, one of the main generators of income in Colombia. Nor is it the first to be accused of having an unsanctioned relationship with outlaw groups.
In essence, the subject is always the same: how these companies operate in conflict areas, and the nature of their relationship with state forces. Are they accomplices to the violence or are they simply resorting to the right of legitimate defense? In the globalized world of 2007, these are questions that multinationals are forced to answer every day. And in the light of Colombia’s recent paramilitary wave, the question becomes even more relevant.
Drummond, like many of its peers in Colombia, has collaboration agreements with state forces for its own security. This includes, as a company spokesman told SEMANA, logistical aid like food, fuel and vehicles. It also financed the construction of military bases near its facilities. This fact, which would be extraordinary in any other country, is customary in Colombia where for many years; the state forces – particularly the Army and the Police – grew to enjoy these “extras”.
From 2000 to 2002, Drummond was the target for dozens of guerrilla attacks. There were frequent attacks against the train that conveys coal to the Atlantic Coast for export and the company even threatened to leave the country. The government reacted and created special military groups to protect the train tracks. With the arrival of President Alvaro Uribe, the company says, there was a change in attitude by the Army, which began to patrol. To Drummond, this commitment by the state forces explains the considerable improvement in security, which has enabled an investment of over “one billion dollars in recent years” to be made.
The question that looms large is if collaboration between Drummond and the Army could have extended to the paramilitaries in previous years. This could have happened without the explicit knowledge of the multinational’s senior management, because in Cesar, and in other parts of the country, the state forces had ties with self-defense groups on their own initiative. As a former military man told SEMANA: “Two hundred soldiers can’t control an area in the same way that two “paracos” can.”
The fact is that in Colombia everyone is aware that the multinationals have resorted to orthodox – and often unorthodox – formulas for their security in conflict areas. What is not certain is the extent to which this Colombian complexity will be understood in its actual context by the 12 people who make up the jury in Alabama.